Jueves, 16 de Mayo de 2019

Entrevista a Diego Piñol:

Incidencia en las políticas públicas en seguridad ciudadana: la deuda pendiente de la Academia



Diego Piñol Arriagada
Coordinador Área de Investigación
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, CESC.


En conversación con el especialista en Seguridad Ciudadana y nuevo Coordinador de Investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Diego Piñol, se relevan aspectos claves asociados a la evolución (avances y retrocesos) de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en América Latina y El Caribe, en vista de los 18 años que cumple el CESC acompañando estos procesos.

En la oportunidad, el investigador destaca los aprendizajes y desafíos aún pendientes a nivel central y local de las políticas de seguridad en nuestros países. Reflexiones que lo llevan a  problematizar algunos conceptos que son generalmente incluidos en los marcos argumentativos de nuestras políticas, tales como evidencia, multicausalidad, buenas prácticas y evaluación; aspectos que no necesariamente se han desarrollado o comprendido cabalmente, por lo mismo obligan a proyectar nuevos horizontes en el trabajo de investigación multidisciplinaria para lograr incidir correctamente en las decisiones políticas, las que han delineado en los últimos tiempos los énfasis en materia de seguridad ciudadana, logrando así propender a una política transversal en materia de prevención del delito y las violencias, donde no solo nos quedemos a nivel conceptual, sino que trascendamos hacia las prácticas.

Con más de 18 años desde la creación del CESC y su rol en el acompañamiento de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, coméntenos ¿cuál considera ha sido la principal evolución del abordaje de las políticas públicas en seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe?

Me parece que en la región hay un avance no lineal, ha tenido avances y retrocesos, pero significativo en términos de inserción del tema en el Estado, parte importante de los países de la región hoy poseen una política en seguridad ciudadana, donde la prevención ha adquirido un rol central. Aunque aún persiste el debate entre control y prevención, y muchas veces se confunde disuasión con prevención, en varios países se ha logrado comprender que el trabajo en prevención del delito y la violencia implica hacerse cargo de las causas, tarea que no solo involucra un trabajo de policías o de los agentes territoriales de los órganos de seguridad ciudadana, sino que supone la coordinación y trabajo del Estado en su conjunto, educación, salud, seguridad social, cultura y otros, tienen un rol fundamental en atender la multicausalidad del delito y la violencia.

En los últimos años además se han generado avances importantes por dotar de institucionalidad a la prevención en seguridad ciudadana, avance que aparte de dotar de recursos técnicos y administrativos estables al tema, debe ser acompañado por el fortalecimiento del recurso humano y por procesos de evaluación que permitan generar aprendizajes, lecciones y evidencia de resultados en el área. En varios países se ha ido dotando de tecnología a la seguridad ciudadana, incluyendo las policías, pero ella se ha concentrado en tareas de control y vigilancia, sin que ello redunde en una solución de las causas del delito y la violencia, necesitamos tecnologías al servicio de la prevención.

¿Cuáles han sido las principales lecciones y desafíos asociados a esta evolución de las políticas públicas de seguridad?

Las políticas públicas en seguridad ciudadana se ven influidas negativamente por aspectos transversales al desarrollo del Estado en la región, por ejemplo tienden a responder a los objetivos del gobierno de turno y no tener una mirada más amplia de país, de mediano y largo plazo, por lo que tenemos políticas y estrategias en seguridad ciudadana cada 4-5 años, y que cuando hay cambio de gobierno implica empezar todo desde cero, porque el nuevo gobierno no quiere ser vinculado con la gestión previa, entonces no se genera aprendizajes, es un permanente ensayo-error. Esto es un enorme desperdicio de recursos del Estado, y por supuesto esto redunda en la confianza de la ciudadanía, con justa razón la gente se siente utilizada y engañada.

Al no tener los gobiernos estrategias de mediano plazo, buscan implementar medidas efectistas, de corto plazo y que los haga ganar en popularidad; medidas que pueden haber sido probadas y haber fracasado en términos de resultados, pero que si permiten subir en las encuestas, los gobiernos con gusto las pondrán en marcha. Cuando hay espacio para el diseño de estrategias serias y rigurosas, sustentadas en la evidencia y en la experiencia, los resultados son adecuados, pero para eso hay que tener temple político, ideas claras sobre seguridad ciudadana y el rol del Estado, profesionales con las competencias para implementar las medidas, gobiernos locales alineados, entre otros factores.

El problema de seguridad ciudadana en nuestra región se ha ido agravando, con contadas excepciones los indicadores han empeorado, y en eso el Estado y los gobiernos son los primeros culpables. Si no se adoptan medidas primero, para garantizar los derechos a los ciudadanos; segundo, para prevenir de forma temprana la violencia; y tercero, para entregar una real y efectiva reinserción social; el problema seguirá creciendo, y con ello la legitimidad del Estado y la confianza de las personas en las instituciones seguirá disminuyendo.

Además, debemos entender que las políticas públicas se materializan en políticas a nivel local; que es en los gobiernos locales, e inclusive en los profesionales de contacto directo con la ciudadanía, donde la política se juega realmente su éxito o fracaso. Debemos potenciar y fortalecer las capacidades y herramientas a este nivel, y además debemos transitar hacia políticas públicas que nazcan desde lo local y que desde allí sean propositivas hacia los niveles superiores (federal, regional, nacional, cual sea el caso). La descentralización adquiere materialidad solo de esta manera, y sabemos que esta manera de hacer política pública tiene el potencial de generar más y mejores resultados.

¿Cuál es el significado real de políticas basadas en evidencia? ¿Cómo se logra potenciar la identificación de evidencia en la región?

En la región progresivamente se han ido adoptando experiencias que se han aplicado con éxito en otras latitudes, generalmente de Europa y EEUU, no obstante, estas iniciativas no han sido adecuadamente adaptadas a nuestros contextos y realidades. Al no tener sensibilidad cultural estos programas, es posible que los resultados que obtengan no sea los prometidos, lo que trae como consecuencia el que se desechen estas iniciativas o bien, se terminen modificando tanto que ya no se condice con los objetivos y metodologías del diseño original.

Lo más grave es que no solo se cuestiona al programa en particular, sino que queda la sensación que la evidencia (y la ciencia) no sirve, con lo que terminamos retrocediendo o volviendo adonde mismo estábamos.

Por otro lado, la generación de evidencia propia en nuestra región ha ido avanzando, se han mejorado las capacidades de evaluación, a la par de la identificación de buenas prácticas. Estos avances son cruciales, sin embargo, se debe profundizar los procesos de sistematización de experiencias y de evaluación de las iniciativas que se implementen en nuestra región.

El riesgo de perder el conocimiento generado y de no contar con datos para mejorar las políticas públicas, en contexto de cambios políticos tan radicales como se han visto en América Latina, es altísimo, y así,  seguimos en el permanente ensayo-error en nuestros Estados.

En el contexto actual de la seguridad ciudadana en la región ¿Cuáles son los principales requerimientos de conocimiento aplicado para fortalecer las políticas públicas de seguridad ciudadana y justicia en la región?

Necesitamos instituciones nacionales y locales comprometidas y convencidas que la prevención y la reinserción son tareas fundamentales de la seguridad ciudadana, que entiendan que el control policial y el sistema de justicia no resuelven los problemas de fondo, que para ello la inversión debe ser en intervención social y con un marcado énfasis en la protección y promoción de los derechos de las personas.

Necesitamos equipos profesionales especializados en los diferentes temas de seguridad ciudadana, que tenga una mirada integral de la prevención, del control, del sistema de justicia, de la reinserción; profesionales que tengan las adecuadas condiciones de trabajo para desempeñar su función con un alto estándar de calidad.

Se requiere que las metodologías de evaluación y de sistematización sean parte desde el diseño de cualquier iniciativa, hay que entender que aquello que no se evalúa o no se sistematiza, significa una pérdida de la inversión financiera, técnica y política que requieren los programas y políticas en seguridad ciudadana.

Comprometernos con estas tareas redunda en mejores políticas en seguridad ciudadana, para que sean capaces de generar cambios relevantes en la vida de las personas, y con ello legitimar no solo a un gobierno en particular, sino al Estado y lo público. Esta puede ser una fuerza importante para disminuir la desconfianza de la ciudadanía en el Estado.

¿Cuáles son los nuevos desafíos asociados a la seguridad ciudadana que el CESC priorizará para trabajar este año?

Como CESC nos interesa seguir el camino trazado estos 18 años, de apoyar y aportar a las políticas públicas en seguridad ciudadana, para ello hemos generado investigación aplicada y evaluación de políticas y programas que nos permite establecer recomendaciones pertinentes a los tomadores de decisión. Pero también debemos ser críticos de nuestra labor, y para eso queremos fortalecer nuestros vínculos y alianzas con otras instituciones que trabajan en la materia, compartiendo aprendizajes, discutiendo y reflexionando en conjunto, y generando propuestas de consensos, de modo que sea mayor la capacidad de incidir en las políticas públicas.

También queremos perfilarnos como un centro que nutre de investigación a aquellos dedicados a implementar programas de prevención, como también ser capaces de apoyar la sistematización y evaluación desde la práctica, de modo de generar un vínculo desde la investigación hacia la práctica y viceversa.

El CESC  además debe continuar en su camino por generar espacios de intercambio regional, se conoce muy poco del valioso trabajo que en varios países, gobiernos locales y comunidad organizada ha hecho, por lo que es nuestro deber establecer espacios para el intercambio de experiencias y conocimientos. América Latina tiene mucho que aprender de otras regiones en estas materias, pero también tienen mucho que enseñar, por lo que queremos también ser un vehículo para que el mundo conozca de nuestras lecciones y conclusiones.

 

 

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