Cómo garantizar los derechos humanos en el sistema penitenciario fue el tema que la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), Olga Espinoza, expuso en el seminario sobre políticas públicas de seguridad y protección de los derechos humanos realizado en Aracaju, Brasil, por la Universidad de Tiradentes.

La Coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del CESC, Olga Espinoza, participó en el panel "Política penitenciaria y derechos humanos”, mesa que compartió con Luis Antônio Francisco de Souza, vice-supervisor política pública Campus Instituto-UNESP-Marília y que fue moderada por el fiscal Luiz Cláudio Almeida Santos.

En la oportunidad, la investigadora del CESC, dijo que el primer gran reto de cualquier Estado es producir información, para con ella generar insumos adecuados para diseñar políticas públicas que preserven derechos dentro del sistema penitenciario. Y agregó que "la producción de información también es imprescindible para trazar una política de reinserción social, que se traduzca en un mecanismo eficaz para reducir la recurrencia de delitos, garantizar mayor seguridad y una mejor gestión del propio sistema”.

Asimismo la investigadora Olga Espinoza defendió el uso más racional de la prisión preventiva, entre varias razones por tratarse de personas potencialmente inocentes, a las que, en principio, no correspondería integrar a un programa de tratamiento; pero además por las dificultades en la planificación de la gestión de la cárcel, dado que “al no conocerse el tiempo que este grupo de personas podría permanecer en prisión (podrían egresar mañana, en uno o dos años) no se puede planificar desde aspectos básicos como las porciones de alimentos, hasta otros más complejos, como los cupos en cada celda”.

Según la investigadora, es inminente la necesidad de evaluar cuidadosamente los motivos que justifican una detención preventiva. "Hoy en día existe una mayor tendencia al castigo y se observa países cuyas cárceles tienen cifras elevadas de presos preventivos. Pero, es necesario analizar si todas esas prisiones se emiten justificadas por el riesgo de obstaculizar el desarrollo de la justicia. De no ser así, ello debe ser revisado, pues se debe evitar encarcelar preventivamente a alguien que al final del proceso va a ser declarado inocente”.

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