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El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana
(CESC) de la Universidad de Chile lanzó,
este jueves 21 de agosto, dos publicaciones relativas
al proceso de reintegración social de personas
que han egresado del sistema penitenciario. Al
evento asistieron representantes de diversas instituciones
ligadas al tema y contó con la presencia
de la Defensora Nacional, Paula Vial y del Director
del Instituto de Asuntos Públicos, Eduardo
Dockendorff.
La primera de las publicaciones, “El
desafío de la libertad proceso de concesión
de beneficios intrapenitenciarios para la reinserción
social”, fue escrita por las investigadoras
del CESC, la abogada Olga Espinoza y la psicóloga
Carolina Viano. En ella se aborda y describe los
procedimientos de concesión y revocación
de beneficios intrapenitenciarios.
La temática es especialmente relevante
en materia de seguridad ciudadana en el entendido
que la reinserción de quienes han delinquido
representará menores costos para la sociedad
y generará una sensación de mayor
seguridad ciudadana. En los últimos años
se constata una reducción en la concesión
de beneficios, situación que contribuye
a un aumento en la tasa de encarcelamiento. Poniendo
a Chile entre los países con una de las
mayores tasas de presos per cápita de América
Latina.
Entre sus principales conclusiones la investigación
plantea que si bien la norma penitenciaria establece
y define los procedimientos a seguir en el trámite
de concesión de beneficios y en la determinación
de sanciones, esas directrices no son suficientes.
Esto se ejemplifica en los criterios de selección
de postulantes a beneficios, la notificación
sobre los resultados de la postulación,
los recursos frente a decisiones que los deniegan,
el proceso de seguimiento a los beneficiarios,
los criterios para definir las sanciones por incumplimiento
o quebrantamiento de las condiciones para hacer
uso de beneficios, entre los aspectos más
importantes.
Otro aspecto relevante se relaciona con la escasez
de mecanismos para cuestionar las decisiones tomadas
por las autoridades penitenciarias en torno de
la concesión de beneficios, lo a fin de
que estos sean coincidentes con las garantías
establecidas en la reforma procesal penal, así
como de las sanciones provocadas por el incumplimiento
y quebrantamiento de beneficios, dado que el Reglamento
de Establecimientos Penitenciarios no establece
ningún procedimiento especial para tal
fin. Es preciso promover la regulación
de este aspecto a fin de que el sistema se adecue
a los principios y garantías incorporadas
en el nuevo modelo procesal penal.
La segunda publicación, “Asistencia
post penitenciaria en Chile. Diagnóstico
de la oferta pública”, es responsabilidad
del abogado e investigador del CESC, Fernando
Martínez. En ella se plantean interrogantes
respecto de cómo se aborda el egreso de
miles de personas cada año.
La investigación tenía dos objetivos:
Efectuar un diagnóstico sobre la asistencia
post penitenciaria en Chile y caracterizar a la
población que elimina antecedentes penales
a través del Decreto Ley 409 del año
1932.
Para cumplir el primer objetivo, se elaboró
un catastro nacional de las organizaciones públicas
y privadas que en Chile ofrecen programas de apoyo
a quienes han cumplido penas privativas de libertad..
El segundo objetivo, en tanto, se logró
a través de la aplicación de una
encuesta a 189 personas que, luego de cumplir
penas privativas de libertad o medidas alternativas
a la reclusión, habían iniciado
en 2004 la eliminación de antecedentes
penales a través del Decreto Ley 409 y
se encontraban –en julio de 2006- todavía
en el procedimiento de firma. La sistematización
y análisis de la encuesta permitió
obtener resultados que versan sobre las características
generales de la población que elimina antecedentes,
la situación particular de las mujeres
desde una perspectiva de género y el perfil
de aquellos que no logran concluir el proceso,
indagando en sus realidades personales, motivaciones
y la forma en que les impacta la escasa cobertura
de la oferta post penitenciaria.
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