Para abordar la violencia y la delincuencia adolescente
un sistema de justicia juvenil no puede limitarse
a la aplicación de determinados procedimientos
jurídicos y administrativos de control,
aunque ello sea necesario. Como una dimensión
esencial de su labor debe, además, implementar
programas preventivos de naturaleza psicosocial
que busquen desalentar el desarrollo de conductas
violentas o infractoras e incentivar la integración
social.
Con el propósito de contribuir al desarrollo
y fortalecimiento de dichos programas, y en oposición
a todo abordaje orientado predominantemente a
la represión del delito, el Centro de Estudios
en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos
Públicos de la Universidad de Chile se
propuso realizar, a través de su línea
de investigación Metodologías de
Intervención Psicosocial, un estudio evaluativo
de los programas de prevención secundaria
y terciaria de la violencia y delincuencia de
los adolescentes.
Así, fueron evaluados 19 programas dirigidos
a jóvenes infractores de ley, distribuidos
en 4 regiones. De ellos, 12 correspondieron a
Programas de intervención Ambulatoria (PIA);
5 Centros de rehabilitación Conductual
(CERECO); finalmente 2 programas de Apoyo a la
Reinserción Social (PARS) que trabajan
al interior de las secciones de menores de Gendarmería
de Chile.
La sistematización realizada permite afirmar,
como señalan las Consideraciones Finales,
que "las políticas públicas
a nivel local no están orientadas a la
integración social de los jóvenes
en riesgo y/o infractores de ley. Los programas
requieren de un contexto institucional de oferta
de servicios -sicológicos, educativos,
laborales- dirigido eficazmente a la integración
de los jóvenes y que hoy no está
disponible. Del mismo modo, resulta necesario
avanzar en el desarrollo de una política
de integración a nivel de organismos públicos
locales, sobre todo en aquellos administrados
por municipios. Esto último es especialmente
relevante porque en Chile, servicios públicos
tan importantes como la salud y educación,
al igual que una gama de subsidios sociales, se
encuentran bajo administración de los gobiernos
comunales, los cuales no tienen una política
especifica e integrada hacia adolescentes en riesgo
o infractores. En el mismo sentido, resulta pertinente
evaluar una política de incentivos especiales,
por ejemplo, el otorgamiento de mayor subvención
a aquellos organismos o establecimientos que integren
como usuarios a jóvenes en riesgo y/o infractores
de ley".
|