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Revista Electrónica
Debates Penitenciarios N°18

Área de Estudios Penitenciarios - Octubre 2013

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Chile cuenta con una nueva norma que regula las hoy denominadas “penas sustitutivas”. Esta norma, la Ley 20.603, ha modificado la Ley 18.216 sobre medidas alternativas en Chile, introduciendo una serie de cambios relevantes. Además de incorporar nuevas sanciones, como la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad, crea un mecanismo de control individualizado de personas que cumplen una pena en la comunidad, conocido como Monitoreo Telemático

Actualmente, un número importante de países utiliza dispositivos que permiten el control personas durante el desarrollo de un proceso penal o el monitoreo de una pena que se cumple en la comunidad, por lo que la introducción de esta medida se inserta en una tendencia por buscar alternativas a la sobrepoblación penitenciaria, así como por identificar mecanismos efectivos de supervisión de medidas y sanciones en la comunidad.

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile ha estado preocupado por desarrollar estudios que ofrezcan una herramienta de trabajo que fortalezca las capacidades institucionales e individuales de los ejecutores de monitoreo telemático, en la perspectiva de que esto contribuya, a su vez, a la eficiencia del sistema de justicia y seguridad pública, a través de un mejor control de las penas que se cumplen en la comunidad. Es por ello que, junto a la Corporación Centro de Análisis de Políticas Públicas, realizó un Proyecto para la Elaboración de un Manual para el Control Telemático de la Ejecución Penal, financiado por el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Bajo este marco, en esta edición de la Revista Electrónica Debates Penitenciarios presentamos el artículo “Las grandes cuestiones éticas alrededor de la Vigilancia Electrónica”, que plantea la necesidad de debatir temas centrales, como la estrategia moral inherente al diseño de las operaciones, las posibles afectaciones de los derechos humanos de los condenados, la necesidad de contar con sistemas legales previsibles, la legitimación y proporcionalidad en el uso de la tecnología, el consentimiento del vigilado, la reserva de la vida privada y el imperativo de evitar el efecto lock down. Finalmente, se analiza el problema de la entrega de datos a terceros en forma explícita, cuando la tecnología utilizada es la geolocalización.

Adicionalmente, en este número destacan las noticias referidas a eventos de relevancia: la XVIII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), el Seminario sobre Implementación del Sistema de Monitoreo Telemático de Penados en Chile y el Primer Congreso Mundial sobre Probation. También se incluye la reseña de libros de reciente edición en inglés y en español, así como la descripción de sitios web de interés para quienes laboran en ámbitos penitenciarios, especialmente relacionados a las sanciones alternativas.


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