Chile cuenta con una nueva norma que regula las
hoy denominadas “penas sustitutivas”. Esta norma,
la Ley 20.603, ha modificado la Ley 18.216 sobre
medidas alternativas en Chile, introduciendo una
serie de cambios relevantes. Además de incorporar
nuevas sanciones, como la Prestación de Servicios en
Beneficio de la Comunidad, crea un mecanismo de
control individualizado de personas que cumplen una
pena en la comunidad, conocido como Monitoreo
Telemático
Actualmente, un número importante de países utiliza
dispositivos que permiten el control personas durante
el desarrollo de un proceso penal o el monitoreo de
una pena que se cumple en la comunidad, por lo
que la introducción de esta medida se inserta en una
tendencia por buscar alternativas a la sobrepoblación
penitenciaria, así como por identificar mecanismos
efectivos de supervisión de medidas y sanciones en la
comunidad.
El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC)
del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de
Chile ha estado preocupado por desarrollar estudios
que ofrezcan una herramienta de trabajo que fortalezca
las capacidades institucionales e individuales de los
ejecutores de monitoreo telemático, en la perspectiva
de que esto contribuya, a su vez, a la eficiencia del
sistema de justicia y seguridad pública, a través de
un mejor control de las penas que se cumplen en la
comunidad. Es por ello que, junto a la Corporación
Centro de Análisis de Políticas Públicas, realizó un
Proyecto para la Elaboración de un Manual para el
Control Telemático de la Ejecución Penal, financiado
por el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la
Subsecretaría de Prevención del Delito.
Bajo este marco, en esta edición de la Revista
Electrónica Debates Penitenciarios presentamos el
artículo “Las grandes cuestiones éticas alrededor de
la Vigilancia Electrónica”, que plantea la necesidad
de debatir temas centrales, como la estrategia
moral inherente al diseño de las operaciones, las
posibles afectaciones de los derechos humanos de
los condenados, la necesidad de contar con sistemas
legales previsibles, la legitimación y proporcionalidad
en el uso de la tecnología, el consentimiento del
vigilado, la reserva de la vida privada y el imperativo
de evitar el efecto lock down. Finalmente, se analiza
el problema de la entrega de datos a terceros en
forma explícita, cuando la tecnología utilizada es la
geolocalización.
Adicionalmente, en este número destacan las noticias
referidas a eventos de relevancia: la XVIII Conferencia
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
(COMJIB), el Seminario sobre Implementación del
Sistema de Monitoreo Telemático de Penados en
Chile y el Primer Congreso Mundial sobre Probation.
También se incluye la reseña de libros de reciente
edición en inglés y en español, así como la descripción
de sitios web de interés para quienes laboran en
ámbitos penitenciarios, especialmente relacionados a
las sanciones alternativas.
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