En los últimos días hemos presenciado graves hechos de violencia ante los cuáles, como profesionales del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, no podemos mantenernos al margen.

Hemos visto un movimiento social que demanda un cambio radical respecto a cómo se ha construido el país y, en especial, en la manera en que entendemos el goce de los derechos y el acceso a bienes y servicios públicos. Existe un legítimo y profundo malestar en la forma en que se ha configurado la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Aparejado a este movimiento social se han generado hechos de violencia contra diversas instituciones públicas y privadas, los cuales no legitimamos ni validamos. Ante esta situación el gobierno ha decidido dictar Estado de Emergencia en un creciente número de regiones del país, y las fuerzas armadas a cargo han establecidos toques de queda en varias ciudades.

A la luz de los acontecimientos ocurridos con posterioridad queda en evidencia que con estas decisiones, lejos de promover el orden público y la seguridad de la ciudadanía, el gobierno ha generado un clima de mayor tensión y violencia. Al mismo tiempo, el discurso mediático de sus representantes, tanto políticos como militares, ha puesto en primer lugar la represión y criminalización de las demandas sociales, incrementando el conflicto que afecta al país.

Condenamos enfáticamente los hechos de saqueo y destrucción que se han producido durante los últimos días, pero es necesario entender que son una expresión minoritaria y accesoria a un movimiento social, masivo y legítimo, que busca seguridad social para todos los chilenos. De igual forma, gran parte de estos hechos no pueden entenderse sino por factores complejos y estructurales, incluyendo una creciente precarización económica de la ciudadanía y la reproducción de patrones culturales que promueven comportamientos delictivos como estrategias de acceso a metas socialmente aceptadas.

En el actual Estado de Excepción Constitucional en que nos encontramos, nos preocupa particularmente la falta de proporcionalidad de muchas de las acciones ejercidas por las fuerzas policiales y militares, en las cuales ha quedado en evidencia falta de apego a la legalidad y una clara transgresión de los derechos humanos de las personas. De igual forma, nos preocupa el aumento de la desconfianza y temor de las personas, ya no sólo respecto de las instituciones formales sino también respecto a sus propios vecinos y vecinas, lo cual ha terminado generando nuevos focos de violencia.

Paralelamente, también nos preocupa el reavivamiento del trauma social que la acción militar generó en nuestro país en un pasado aún reciente, tanto en personas como en comunidades, quienes sufrieron graves violaciones a sus derechos, incluyendo asesinatos, desapariciones y torturas, las cuales hoy vuelven a generar dolor y angustia en la población.

Sin una decisión clara de parte del gobierno para hacerse cargo de las demandas sociales, los lamentables hechos de los últimos días parecen agravarse; por esta razón, creemos que la solución del conflicto no será alcanzada si se mantiene un discurso de guerra y de criminalización de la protesta ciudadana. Por el contrario, hoy más que nunca, se requiere de voluntad y destreza de parte del gobierno y de la oposición política, así como un genuino compromiso con los derechos humanos por parte de todas las instituciones del Estado.

Adherimos al comunicado de nuestra Universidad y reiteramos nuestro compromiso de contribuir al diálogo y a la convivencia democrática, que sólo puede lograrse a través de una acción estatal dirigida a asegurar el bienestar social de toda la población.

Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana
Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile