miércoles, 22 de noviembre de 2017

Durante Seminario Internacional:
Especialistas discuten sobre la capacidad de dotar de reflexibilidad e incrementalidad a las políticas públicas de seguridad ciudadana

Los días 20 y 21 de noviembre se desarrolló el Seminario Internacional “Transversalidad y coordinación como principios de las políticas públicas de seguridad ciudadana”, organizado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana –CESC- del INAP.

El encuentro reunió a especialistas y actores de política pública nacionales y extranjeros para abordar los métodos de coordinación de programas y políticas de seguridad pública, así como los sistemas de evaluación de ellas y de coordinación entre diferentes sectores e instituciones.

En la oportunidad, participaron destacados académicos internacionales y nacionales, entre ellos: Rosemary Barberet (EEUU), Hung-En Sung (EEUU), Eduardo Pazinato (Brasil), Juan Carlos Ruiz (Colombia), Alejandra Mohor (Chile), y  Diego Piñol (Chile). Además, participó en la discusión  Henry Campos Coa, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano y Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la ACHM; Antonio Frey, Ex Subsecretario de la SPD y Ex Director de Seguridad de la Ilustre Municipalidad de Santiago.

En la primera jornada se realizó el panel “De la políticas públicas de gobierno a la política de Estado”, moderado por la investigadora del CESC, Alejandra Mohor.

En la ocasión, el Director Instituto de Asuntos Públicos, Hugo Frühling, planteó la importancia de no sólo enfocarse en la aplicación de determinadas políticas públicas, sino también en cómo éstas son gestionadas. “Poner en práctica un programa basado en evidencia dista de asegurar su éxito si no va a acompañado del interés y de una buena gestión”, señaló.

La seguridad ciudadana hace 25 años estaba radicada sólo en las policías y la persecución penal. Es un área con muchos atrasos. Tenemos que establecer mediciones respecto de cuánto avanzan las instituciones, sus capacidades de aprender y generar nuevos proyectos”, agregó.

Luego, Henry Campos Coa, Alcalde Talcahuano y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades, se refirió a los desafíos de la interacción de los municipios con sus respectivas comunidades al planificar la prevención del delito.

“A veces generamos una política en las comunas y no les hacemos seguimiento para saber si cumplen un objetivo determinado, y las mantenemos en el tiempo sin saber eso”, indicó.

“Nos ocurre muchas veces en los barrios. Los vecinos, por ejemplo, nos piden alarmas comunitarias y la pregunta es si estas alarmas cumplen el rol de prevención. La respuesta es que muchas veces no y le estamos haciendo el trabajo a las empresas de alarmas para que hagan el proyecto y se los adjudiquen. ¿Podemos generar sensación de seguridad en los vecinos? Sí. ¿Cumplimos el objetivo de prevención? No, planteó.

A continuación, Antonio Frey, ex Subsecretario de Prevención del Delito y ex Director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, se refirió a la forma de enfrentar diferentes tipos de delitos. “Como telón de fondo un aumento de la delincuencia a partir de mediados del siglo XX. Esto se debe a dos razones: primero, se ha desarrollado una delincuencia profesional que se define en relación a la norma. Segundo, el famoso delito de oportunidad, que tiene que ver con pequeñas cosas que ocurren cotidianamente, que exaspera a los vecinos y les deja la sensación de que el sistema no funciona”, explicó.

La respuesta no puede ser la misma en uno y otro fenómeno. La policía no puede dar la misma respuesta en ambos. Hay que ampliar ambas respuestas y reforzar la prevención”, señaló.

En seguida, Rosemary Barberet, académica de John Jay College of Criminal Justice, se refirió a la importancia de considerar los contextos cambiantes al momento de planificar las políticas públicas en seguridad ciudadana.

“El delito es dinámico y el delincuente es innovador. Sería muy difícil establecer planes de seguridad de cuatro años cuando cada año va cambiando el cuadro delictivo. El plan chileno parece concentrarse en el delito callejero, pero las innovaciones delictivas pueden ser muy importantes”, afirmó.

Yo animaría a las instancias  de políticas criminales a considerar también la delincuencia transnacional y la delincuencia de cuello y corbata, e incluirla en los planes de seguridad”, añadió.

Por último, Hung-En Sung, académico de John Jay College of Criminal Justice, señaló algunas consideraciones importantes al momento de aplicar planes de seguridad ciudadana a partir de la experiencia de otros países. “Un programa eficaz es aquél que produce resultados esperados. Pero en el mundo de las políticas públicas la efectividad se entiende mejor como un concepto estadístico y probabilístico. Llamamos efectivo a un programa que, dadas ciertas condiciones, produce resultados versus otros programas en situaciones comparables”, aseguró.

“Por eso, la eficacia debe probarse en el país donde se ha trasplantado la intervención. Las prácticas  basadas en las evidencias deben ser menos consideradas como programas enlatados y más como guías  de acción, explicó.

Mesas de Trabajo: articulación y evaluación

En la segunda jornada del seminario se desarrollaron dos mesas de trabajo que tuvieron como propósito ahondar aspectos particulares que determinan, en buena medida, la capacidad de coordinar y transversalizar acciones en la materia. La primera, titulada “Articulación de intereses sectoriales e institucionales”, contó con la participación de los académicos Eduardo Pazinato (Brasil) y Hung-En Sung, y fue moderada por Diego Piñol, investigador del CESC.

Paralelamente se desarrolló la mesa “Evaluación para la consolidación y progresividad”, en la que participaron Juan Carlos Ruiz (Colombia); Alejandra Mohor, investigadora del CESC, y Ernesto González, de la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile. Moderó Rodrigo Salas, Director del CESC.

En esta última mesa, el diálogo y las presentaciones puso en manifiesto la complejidad que implica la evaluación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, siendo algunas de las principales causas de dicha dificultad su carácter universal, la baja o nula disposición de las instituciones a compartir información que permita evaluar los programas. De la misma forma, la extremada correlación existente entre las políticas públicas exitosas en la materia y los contextos socio/institucionales de los países en los que son implementados. Aspecto que según Rodrigo Salas, “se traduce en que, a pesar de poder constatarse la efectividad de algunas estrategias, éstas no pueden ni deben ser implementadas sin efectuar previamente adaptaciones significativas”.

En la misma línea, la discusión destacó que, independientemente de que en otras latitudes el diseño e implementación de políticas en materia de seguridad ciudadana se enriquece gracias a la preexistencia de un acervo de conocimientos y prácticas de probada eficacia, en el contexto latinoamericano no se cuenta aún con dichos activos para enriquecer el diseño, gestión e implementación de estas políticas. Relacionado con lo anterior se releva la necesidad de una alianza robusta entre las instituciones del Estado vinculadas al sector y los centros académicos que generan y sistematizan este tipo de conocimientos, lo que asegura una alianza con gran potencial para las políticas de seguridad en nuestros países”, recalcó el Director del CESC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




 


 


 


 


 



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